El análisis del tipo e intensidad de las respuestas jurídico-políticas, que los poderes públicos han ido elaborando durante las últimas dos décadas, a los retos planteados por la incorporación masiva de las tecnologías –y, en particular, Internet– a todos los sectores de la vida, nos muestra que hoy seguramente estamos entrando en una nueva etapa. En el Estado español, un indicio de este hecho lo tenemos en la reciente aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, el proyecto de ley de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y las Redes Públicas de Comunicaciones, o el proyecto de ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información; proyectos ambos que modifican la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información - LSSI).

En un primer momento de este proceso, las respuestas legislativas tuvieron en general un carácter más bien reactivo para hacer frente a los retos inmediatos (y a las posibilidades) que el contexto tecnológico estaba planteando. Una muestra –entre muchas– de esta primera etapa la tenemos, en el ámbito administrativo, en las previsiones que la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común introducía, en un momento todavía muy incipiente de la implantación de las TIC en nuestro país, para abrir las puertas a la utilización de medios electrónicos y telemáticos, tanto para la prestación de los servicios públicos como para las relaciones con los ciudadanos. Y la ya mencionada Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) podría ser un buen hito para marcar el final de esta primera etapa.

Después de aquel momento inicial de adaptación y respuestas legislativas a la nueva realidad de la red, todos los indicios parecen apuntar a que hoy nos encontramos ya en otro momento. Las tecnologías de red han dejado de ser "nuevas" y se han convertido en un factum, en un dato más con el que hay que contar cuando se deciden políticas, se definen estrategias o se implantan acciones –ya sean administrativas, económicas o legislativas. Y precisamente porque este cambio que se ha producido en los últimos quince o veinte años (la mencionada primera etapa) es tan profundo y estructural a todos los niveles (social, económico, político), los instrumentos reguladores puestos en marcha inicialmente de manera bastante reactiva y ad hoc se están mostrando también, en muchos casos, poco adecuados (ya sea por exceso de regulación, por defecto o, sencillamente, porque no pueden seguir el paso frenético de los avances tecnológicos).

La explosión de las tecnologías móviles, su influencia a nivel global, y en particular su impacto en la difusión tecnológica en países en fase de desarrollo; la extensión del software social –wikis, blogs, etc. y sus derivados, que facilitan el trabajo colaborativo y fomentan la producción conjunta de conocimiento y difusión son sólo algunas muestras de cómo los marcos reguladores se encuentran en continua tensión –si no directamente sobrepasados. Todo lo cual hace aún más necesaria una reflexión teórica –y empíricamente bien documentada– sobre cuál tiene que ser la ecología institucional de este medio ambiente digital (según la acertada expresión de Yochai Benkler en su recomendable libro The Wealth of Networks). Contribuir a esta reflexión, número a número, es el objetivo principal de esta revista.


Pere Fabra
Director